Colegas vuelve a quedarse con dinero público. Ahora 2.520 euros. ¿hasta cuándo?

De nuevo, una administración pública tiene que andar detrás del colectivo Colegas para reclamarle dinero de una subvención cuyos gastos no han sido justificados. En este caso es la Diputación de Sevilla, la que el pasado 2 de marzo, en el BOP (página 20), volvía a reclamar a este colectivo la cantidad de 2.520 euros, correspondiente a una ayuda para una exposición celebrada hace ¡cuatro años¡

Por entonces el presidente de Colega-Sevilla era Antonio Ferre, que llegó a ser el responsable de Colegas en Andalucía. Ferré dejó tras su presidencia deudas con el local que entonces tenía alquilado Colegas, además de, al menos, esta subvención de Diputación. Pero lejos de quedar fuera de este colectivo, Ferre preside ahora Colegas-Almería. Al menos hasta agosto de 2012, cuando hizo estas declaraciones a un periódico local.

Ferre es un viejo conocido de Colegas en Andalucía. Junto a nombres como Rafael Salazar, Rafael Moral, David Cedeño o los hermanos Girón, se van turnando para presidir las diferentes provincias y la tela de araña de la  Confederación Colegas. Dejando deudas, tanto con la administración pública como con empresas privadas, a su paso por las diferentes ciudades donde van abriendo sucursales, como si de una franquicia LGTB se tratara. 

Morosos

Una de las características de Colegas es su inclinación a dejar deudas y proyectos no justificados con dinero público allí por donde pasa. En este blog ya se recogía una deuda de 80.000 euros que le reclamaban a Colegas el Instituto Andaluz de la Juventud y la Consejería de Sanidad. 

Solo hay que echar un vistazo a los boletines oficiales de las distintas administraciones para encontrarse una y otra vez reclamaciones de subvenciones no justificadas a esta entidad, que va dando de baja y cambiando a responsables y número de NIF conforme va acumulando deudas. Pero si yo, con un mínimo trabajo de búsqueda e investigación, voy encontrando los teje manejes oscuros de esta organización.... ¿por qué las administraciones públicas siguen financiando a este colectivo que una y otra vez se niega a justificar como es debido el dinero que recibe?